Atentado en Naranjito expone grietas y contradicciones en el aparato de seguridad estatal
Mientras la cúpula del Ministerio del Interior apunta al autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), la jefatura militar mantiene cautela y evalúa otras hipótesis que incluyen al narcotráfico y al crimen organizado.
Una ejecución planificada en la ruta PY03
El hecho ocurrió cerca de las 23:30 del martes 21 de julio a la vera de la ruta PY03. Un grupo de entre 20 y 30 hombres con vestimenta camuflada, armas largas y comunicándose en guaraní irrumpió a pie en el puesto policial abriendo fuego de manera directa.
Como resultado de la incursión fallecieron:
Suboficial Atilio Martínez Barrios (40).
Suboficial Herminio Ojeda González (32).
Josemar Escobar Piris (38), funcionario civil administrativo.
El suboficial mayor Víctor Raúl Gavilán sobrevivió tras recibir impactos en la cabeza, axila y costado, al simular estar muerto. Un quinto efectivo, el agente Édgar Adalberto Núñez Vázquez, logró escapar por la parte posterior al escuchar los disparos.
Tras la ejecución, la columna criminal incendió la sede policial, una patrullera y vehículos particulares, además de sustraer armamento reglamentario y dejar un artefacto explosivo casero que no llegó a detonar, para luego internarse en una zona boscosa.
La hipótesis del Gobierno: Una "nueva camada" del EPP
El ministro del Interior, Enrique Riera, y el comandante de la Policía Nacional, César Silguero, atribuyeron el atentado a una "nueva generación" del EPP integrada por familiares de antiguos miembros abatidos o encarcelados.
Fundamento balístico: Según las autoridades, peritajes balísticos confirmaron que al menos uno de los fusiles calibre 5,56 utilizados en Naranjito ya había sido empleado en el ataque del 3 de mayo de 2025 contra la Subcomisaría 10.ª de Ybyrarovana'i.
A pesar de la formación militar observada y el uso de bombas molotov, Riera admitió que el grupo no dejó panfletos ni comunicados, una práctica histórica del EPP en sus atentados.
CODI pide cautela y no descarta al crimen organizado
El comandante del Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI), general Alberto Gaona, tomó distancia de la versión oficial definitiva y señaló que las investigaciones continúan abiertas.
Puntos de divergencia expuestos por el CODI:
Despliegue inusual: La presencia de hasta 30 combatientes no coincide con la modalidad histórica del EPP, que opera en células reducidas.
Ausencia de reivindicación: Sin panfletos o mensajes formales, no se puede confirmar la firma del grupo terrorista.
Otras líneas de investigación: No se descarta la implicancia de bandas vinculadas al narcotráfico, estructuras del crimen organizado regional (como el "Clan Macho") o grupos campesinos armados.
Se maneja además la hipótesis de una alianza entre el EPP y grupos narcos en represalia por recientes incautaciones masivas de droga en Canindeyú.
Refuerzo militar y despliegue en la zona
Ante la gravedad de la situación, el presidente Santiago Peña ordenó el envío de nuevos contingentes militares y el refuerzo de la presencia de las Fuerzas Armadas en el departamento de Canindeyú.
El Gobierno desplegó un puesto de mando unificado con los fiscales especializados Federico Delfino y Lorenzo Lezcano al frente de la investigación, prometiendo operativos integrales en puntos críticos como las reservas Morombí y Mbaracayú. Entre la población y las propias filas policiales persiste el temor ante la fragilidad del control territorial mostrado durante la incursión.
