Criminólogo desnuda la mafia y el millonario negocio detrás de los cursillos policiales
La reciente inhabilitación y posterior reactivación del curso para aspirantes a la Policía Nacional ha destapado una red de intereses ocultos que evidencia que la formación policial en Paraguay se ha convertido en un negocio redondo para unos pocos.
Al respecto, el criminólogo Juan Martens Molas puso bajo la lupa el sistema de formación, reclutamiento y capacitación de la institución, revelando un entramado que prioriza el beneficio económico de ciertos sectores y la improvisación política por encima de la seguridad ciudadana y la rigurosidad técnica.
La "industria de los cursillos": Dinero a costa de la ilusión
Uno de los puntos más críticos señalados por Martens es la reciente marcha atrás del Gobierno, que tras suspender las admisiones, finalmente cedió ante las presiones. Según el especialista, existe una verdadera “industria de los cursillos” en el sector privado que operó fuertemente para lograr la reapertura.
“En este negocio están directamente vinculados comisarios, excomisarios y profesores del Instituto de Educación Superior (Isepol)”, afirmó Martens.
El negocio es monumental: cerca de 20.000 jóvenes se presentan anualmente como postulantes, y más de la mitad recurre a estos cursillos privados. Las cifras que maneja esta red son millonarias:
Cuotas mensuales: Oscilan entre los G. 400.000 y G. 500.000.
Modalidad de internado: Los costos llegan a alcanzar los G. 3 millones por mes.
Para Martens, la habilitación de 1.000 cupos funciona como un “oxígeno” para que esta industria siga facturando a costa de la esperanza de los jóvenes. “Cerrar significaba matar la esperanza; ahora está regulada, lo que permite seguir vendiendo esperanza a mucha gente”, lamentó.
El "Kokue": El negocio propio de los altos mandos
Las revelaciones son el resultado de una investigación de cinco años sobre “Prácticas e Identidad Policial”, financiada en parte por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), Inecyt Paraguay y la Universidad Nacional de Pilar.
El estudio documentó que las actualizaciones y capacitaciones obligatorias para el personal policial se han convertido en un sistema de recaudación y en una “ficcionalización de la capacitación”. Al ser de carácter virtual, carecen de controles reales.
“Hay gente que cobra por poner asistencia y gente que cobra por hacer trabajos prácticos”, denunció Martens.
En la jerga policial, este esquema es conocido etnográficamente como el "kokue" (chacra o negocio propio) de algunos comisarios. Los datos de la investigación estiman que en una sola sede se pueden recaudar más de G. 100 millones por curso, un botín que posteriormente se distribuye a distintas esferas de la institución sin aportar ningún resultado real a la seguridad pública. “Estamos desprofesionalizando a la Policía”, advirtió.
Contradicciones oficiales y "policías exprés"
La restitución del proceso de admisión para el año 2027 en el Colegio de Policía Sargento Ayudante José Merlo Saravia se dio tras una mesa de diálogo entre padres de aspirantes, la Policía Nacional, el Ministerio del Interior y el Viceministerio de Asuntos Políticos.
Esta reactivación contradice los argumentos iniciales del Gobierno:
El argumento policial: El comisario Brígido Ojeda había manifestado que la cancelación se debía a razones presupuestarias y de reorganización de infraestructura para capacitar a los egresados que "necesitan actualización".
El argumento presidencial: El presidente Santiago Peña había mencionado que el presupuesto de formación se redireccionaría a la reparación de 700 comisarías en mal estado.
Finalmente, Martens también cuestionó con dureza la implementación de los denominados “policías exprés”, un programa de formación acelerada que calificó de improvisado y que responde meramente a una promesa de campaña electoral para aumentar abruptamente el número de agentes en las calles, debilitando aún más la calidad de las fuerzas del orden.
Fuente: última Hora
