Destituyen a Santiago Peña de la Presidencia de Paraguay en histórico juicio político por el caso Ueno Bank
La decisión se concretó tras reunir 44 votos a favor en la Cámara Alta y una sola abstención, poniendo fin de manera anticipada a un mandato que había iniciado el pasado 15 de agosto de 2023 y que debía extenderse hasta 2028.
Un proceso exprés y de respaldo unánime
El desenlace se precipitó luego de que la defensa del mandatario intentara frenar el proceso mediante una renuncia que no prosperó en el Congreso. Los legisladores decidieron avanzar de manera implacable con el procedimiento constitucional de remoción.
Previamente, la Cámara de Diputados había dado el primer gran golpe institucional al aprobar por unanimidad —con los 78 legisladores en funciones— la acusación formal contra el presidente, enviando el expediente al Senado para su juzgamiento definitivo.
Durante la votación en la Cámara Alta, el bloque opositor y sectores clave del oficialismo confluyeron en la salida del mandatario. La única disidencia formal en el recinto provino del senador oficialista Silvio “Beto” Ovelar (Asociación Nacional Republicana - ANR), quien al ser consultado sobre el sentido de su voto invocó el derecho a guardar silencio.
La debacle parlamentaria expuso la abrupta y total pérdida de respaldo político de un presidente que, hasta antes de la crisis bancaria, contaba con cómoda mayoría propia en ambas cámaras del Congreso.
Un hito en la democracia paraguaya
Con esta resolución, Santiago Peña pasa a la historia política reciente como el segundo presidente paraguayo en ser removido mediante un juicio político desde la recuperación de la democracia tras la caída de la dictadura de Alfredo Stroessner en febrero de 1989. El único antecedente directo de un juicio político exitoso era el de Fernando Lugo, destituido el 22 de junio de 2012.
Sin embargo, el caso de Peña guarda un matiz político distintivo: el grado de consenso casi absoluto del arco político, reflejado en la votación unánime de los diputados y el respaldo de 44 de los 45 senadores.
Asimismo, se convierte en el segundo mandatario de filiación colorada que no logra completar su período constitucional en la etapa democrática, sucediendo el antecedente de Raúl Cubas Grau, quien renunció el 28 de marzo de 1999 en medio de la crisis del "Marzo Paraguayo".
La renuncia frustrada y el freno a los fueros
Uno de los ejes centrales de la disputa política previa a la votación definitiva giró en torno a la estrategia del Ejecutivo de presentar la dimisión. Diversos sectores legislativos se opusieron férreamente a aceptar la renuncia con un objetivo estratégico preciso: impedir que Peña accediera a la investidura de senador vitalicio y a los fueros parlamentarios inherentes a dicha figura frente a un eventual proceso penal vinculado al caso Ueno Bank.
Con la destitución consumada por la vía del juicio político, esa vía quedó inhabilitada jurídicamente, cerrando el ciclo de una administración que se vio consumida, en su tramo final, por las ramificaciones políticas y judiciales del colapso bancario.
A Peña le faltaba más de un año y nueve meses para concluir el período constitucional para el cual había sido electo. Las autoridades nacionales se preparan ahora para activar los mecanismos de sucesión previstos en la Constitución Nacional para garantizar la continuidad institucional del país.
Radio América 94.9 FM
