Diputados de Brasil aprueban reducir la jornada laboral a 40 horas semanales
La iniciativa, fuertemente impulsada por movimientos sociales y el gobierno, representa una victoria política estratégica para el presidente Luiz Inácio Lula da Silva a menos de cinco meses de las elecciones presidenciales de octubre, donde aspira a un cuarto mandato frente al senador opositor Flávio Bolsonaro.
El fin de la escala “6x1”
De ser ratificada por el Senado, esta medida significará la primera reducción de la carga horaria laboral en Brasil desde la promulgación de la Constitución de 1988. El eje central del proyecto es la abolición de la llamada “escala 6x1” (seis días de trabajo por uno de descanso).
“El pueblo va a trabajar cinco días y podrá descansar dos”, celebró el mandatario izquierdista durante un acto en el estado de Amazonas.
Por su parte, la diputada oficialista Erika Hilton, una de las principales promotoras de la reforma, defendió con dureza la necesidad del cambio:
“La escala 6x1 es inhumana, roba la esperanza y la dignidad. Las personas necesitan trabajar para vivir y no vivir para trabajar”.
Para evitar un impacto abrupto, el proyecto estipula que la implementación se realizará de forma gradual en dos etapas a lo largo de 14 meses, contemplando ajustes específicos por sector.
Radiografía del mercado laboral brasileño
La propuesta llega en un contexto de desempleo en mínimos históricos pero con un alto índice de informalidad. El cambio normativo impactará directamente en millones de ciudadanos:
14,8 millones de brasileños trabajan actualmente bajo el esquema 6x1.
20,9 millones de personas superan el límite legal vigente de 44 horas semanales.
Con esta reforma, Brasil busca alinearse con otros países de la región como Chile, Ecuador, Venezuela y México, que ya contemplan las 40 horas en sus legislaciones, desmarcándose del promedio latinoamericano que se sitúa en las 48 horas semanales, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Resistencia del sector empresarial
Como era de esperarse, la propuesta avanza bajo el firme rechazo de las patronales y la oposición política, quienes advierten sobre un posible encarecimiento de los costos de producción y una pérdida de competitividad global.
“¿Dónde está la previsibilidad, la seguridad jurídica?”, cuestionó Ricardo Alban, presidente de la Confederación Nacional de la Industria (CNI), sumándose a las voces que pronostican un impacto negativo en la generación de empleo formal a largo plazo. El texto pasa ahora a manos del Senado, donde se anticipa un debate igualmente polarizado.
