Escándalo de tierras en el Chaco: denuncian vínculos del hijo de Santi Peña con negocios sobre 312.000 hectáreas
Conexiones societarias y negocios internacionales
El eje central de la denuncia, expuesta por el abogado Francisco De Vargas, apunta directamente a supuestos nexos corporativos entre Kiantar Betancourt —quien funge como representante legal de las cuatro empresas demandantes en el litigio de tierras— y Gonzalo Peña, hijo del primer mandatario.
De acuerdo con los elementos expuestos por la defensa jurídica y respaldados en publicaciones periodísticas recientes, ambos actores habrían emprendido viajes internacionales conjuntos con destinos como Estados Unidos y Dubái. El objetivo principal de dichas gestiones habría sido concretar la comercialización de bonos de carbono derivados de la preservación de los bosques nativos localizados en el vasto territorio en disputa.
A esta red de operaciones se suma un cuestionado fallo judicial que, según argumentaron los representantes legales de la Asociación Espíritu Santo, habría vulnerado flagrantemente la Ley de Seguridad Fronteriza, abriendo así la puerta para intentar consumar la apropiación de estas estratégicas propiedades en la región occidental.
El INDERT y otras instituciones en el banquillo de los acusados
La sesión parlamentaria sirvió también para dejar en evidencia la inacción y la falta de controles efectivos por parte de diversas entidades estatales llamadas a custodiar el patrimonio y la legalidad territorial del país. Las críticas alcanzaron de lleno a:
El INDERT (Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra): Su titular, Francisco Ruiz Díaz, vuelve a quedar fuertemente cuestionado ante la opinión pública por la pasividad y el manejo institucional frente a denuncias que involucran transacciones y litigios de tierras de proporciones colosales.
La Procuraduría General de la República
La DNIT (Dirección Nacional de Ingresos Tributarios)
El Ministerio de Defensa Nacional
Múltiples aristas de una investigación en expansión
La magnitud del caso va más allá de un mero conflicto civil de dominio. El expediente acumulado agrupa serios indicios y denuncias sobre presuntas irregularidades estructurales, entre las que destacan: Posibles violaciones a las normativas de seguridad fronteriza.Indicios vinculados a supuestas operaciones de lavado de dinero. Delitos tributarios como la evasión fiscal. Proyectos comerciales internacionales ligados a los bonos de carbono.
Con la apertura de esta investigación en el ámbito legislativo, la lupa se posiciona de manera implacable sobre los lazos comerciales del entorno presidencial, el rol de los intermediarios y la responsabilidad de los organismos del Estado encargados de velar por la transparencia en el control y la tenencia de la tierra en el Paraguay.
Radio América 94.9 FM
